Hace
20 años, al iniciarse un nuevo ataque para la privatización del sector
energético, expresé, y lo he reiterado en múltiples ocasiones, que los
planteamientos para concluir que la privatización era necesaria, adolecían de
múltiples defectos: insuficientes en el análisis económico, discutibles desde
el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de
contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo.
Desde
antes de eso, se han instrumentado en forma maquiavélica, políticas públicas
destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los
organismos públicos, Pemex, CFE, Comunicaciones y Transportes, Recursos
Hidráulicos, con decisiones que, fundadas en la convicción de las autoridades
en la falta de talento nacional, en una incapacidad innata para resolver
nuestros propios problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo,
no hacen sino beneficiar a las empresas extranjeras,
En
1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería,
presenté un trabajo titulado El Futuro de
México sin Ingeniería Mexicana. En
él, hacía yo una pregunta fundamental ¿Qué puede hacer una nación, sin
ingeniería propia? Y daba una respuesta que hoy se confirma correcta:
seguramente otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras
entrañas, aunque ya no usemos penachos, ni obtengamos nuestros títulos y grados
en el Calmécac.
No
hemos aprendido –decía-, una lección fundamental: la autodeterminación
tecnológica es cuestión de supervivencia nacional. La moderna tecnología de la dependencia es
crear la dependencia de la tecnología.
Antes
se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos
competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros
contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño de nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador
que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y
el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de McKinsey
viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron
o la Shell?
Nuestros
competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras
riquezas. “Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados
Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus jóvenes en
edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League; regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren
Secretarios de Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen,
con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el evangelio según Uncle Sam.
En
1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura,
en un documento que tituló El Consenso de
Washington. Este prescribía las
condiciones que una red de instituciones financieras internacionales (el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la International Finance Corporation y otras), establecerían
para otorgar créditos a los países en desarrollo. Estas instituciones, claro está, son
financiadas a su vez por los gobiernos de los países industrializados, que
llegan al poder con los donativos de campaña de sus grandes corporaciones,
destacando entre ellas las petroleras trasnacionales. Entre las condiciones de los créditos,
figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la privatización
de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de
todos: el petróleo.
Una
pregunta clave es ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas en el Consenso
de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a las corporaciones de
los gobiernos que los financiaban? En
2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil
millones de dólares que ese país contribuía a los bancos internacionales de
desarrollo, las trasnacionales americanas recibían más de dos mil millones de
dólares en contratos en los países subdesarrollados. En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del
Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición declaró que las
“condiciones impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las
condiciones de los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades
económicas de los países industrializados”.
Fue
bajo estas presiones internacionales que muchísimos países empezaron a cederle
el jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas. Como describiré más adelante, todos estos
esfuerzos les reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años
todos ellos (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakhstan, Venezuela,
por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para
renacionalizar las industrias petroleras privatizadas; para renegociar los
términos de los contratos celebrados; y/o para elevar los impuestos y regalías
cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el poderío económico
de éstas y el de sus gobiernos, que se resisten a capa y espada a devolver un
ápice de los regalos obtenidos bajo la presión internacional.
Fue
esta presión internacional la que llevó a México a privatizaciones de triste
memoria, como la Bancaria, y a episodios negros, como el FOBAPROA. En el ramo del petróleo, el nacionalismo de
la mayoría de los mexicanos transformado en opinión pública, defendió con todo
el Artículo 27 de nuestra Constitución.
Ante esto nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular,
iniciaron una privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y
cobarde. Petróleos Mexicanos se dividió
en cuatro subsidiarias con el objeto de venderlas una por una, iniciando con la
petroquímica básica, luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y
culminando la entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta
petrolera.
A
principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador con la
intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX. Este esfuerzo se volvió a topar con el
nacionalismo de la opinión popular que lo impidió. Ante esto, nuestros gobernantes lejos de
cumplir con el deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales
niños emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a
la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que su
mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían.
A
mediados de los noventa, los esfuerzos privatizadores voltearon sus caras al
gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía la apertura del
mercado del gas y la privatización de la CFE y que estaba liderado por la hoy tristemente
célebre ENRON. Otra vez el nacionalismo
de la opinión popular impidió los cambios constitucionales que la venta de CFE
requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con
una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores
independientes de electricidad. ¿Cómo se
puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado, cuando hoy más
del 50% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes
trasnacionales privadas?
Dado
que siguiendo los caprichos de Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya
cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, en
el caso del gas natural y la electricidad a ENRON, empezamos a generar
electricidad no con lo que nos convenía generarla (agua, viento, sol,
combustóleo), sino con lo que a ENRON le convenía vender: gas natural. En vista de que la apertura del sector
eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de gas
natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber fiduciario y
limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado un status quo preocupante: la importación
masiva de gas natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de
botella que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en
gasoductos.
Pero
sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y traicionera es la de
la renta petrolera. Nos engañaríamos
si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar
concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los llamados
contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma
inconstitucional y por tanto ilegal –y sin riesgo para las empresas-, bajo
denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios múltiples o
contratos incentivados. Seamos claros de
una vez por todas en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el
área del petróleo. Permite los contratos
de servicios, esto es, los contratos en los que la contraprestación se cubre
con dinero, pagando al contratista el costo del servicio y una utilidad
razonable, pero que no le comparte la renta petrolera ligando su pago al éxito
de la explotación. La Constitución
prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o sea, cuando la
contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que se extraiga o al
valor comercial de éste.
En
este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril extraído –así
sea un centavo-, que aumente la contraprestación del contratista en función de
la cantidad de petróleo que se extraiga, resulta inconstitucional. Los contratos incentivados que ha venido
celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de teóricamente el 75% de los
costos de extracción del contratista -y los de la semana pasada en Chicontepec
el 100%- y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna,
partícipe del éxito de la explotación.
Estos
contratos por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en total
contravención del texto constitucional.
Tienen además, el defecto de ser una invitación abierta a la
corrupción. Ante la complejidad de la
explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible
supervisar los costos de extracción. Aun
cuando utópicamente no hubiera corrupción, resulta imposible para una empresa
que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por el 75% o
el 100%, no son en realidad por un múltiplo muy superior Nóminas infladas, materiales y trabajadores
inexistentes, jornadas diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como
coches utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son
sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional que
hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos nada menos que
casos de robo en despoblado. El ejemplo
del yacimiento Kashagan en Kasakhstan, resulta un caso ilustrativo de esta
problemática. Yo preguntaría señores Diputados
¿Ya se tomaron la molestia de analizar los resultados que han dado hasta ahora
los contratos incentivados de PEMEX?
¿Saben a cuánto asciende el reembolso de los teóricamente 75% de
gastos? ¿Ya exigieron cuentas de lo que
se ha recibido a cambio?
Los
países que durante la implementación del Consenso de Washington abrieron sus
industrias petroleras se arrepintieron y están pagando caro su error. Pero por lo menos ellos tienen la excusa,
además de la presión internacional, de la falta de experiencias internacionales
previas y de un escenario de precios de alrededor de los 20 dólares/barril,
haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora. ¿Qué excusa tenemos nosotros, cuando el
barril se cotiza en US$100.00 dólares y cuando tenemos el ejemplo de los que ya
se equivocaron y ahora pagan cara la enmienda de su equivocación?
En
efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional reciente, es el
mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo privatizador. Veamos, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas
de estas experiencias.
Iniciemos
con el niño modelo del que presumen los privatizadores: PETROBRAS. “Brasil abrió su industria y ahora tiene a
PETROBRAS que es una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre
mercado. Aceptándolo sin conceder,
premisa cuestionable que mi argumento no
requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente, sino
¿para quién es eficiente?
Como
todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas utilidades, para sus
accionistas, a quienes es más fácil encontrar en lujosos penthouses del Upper
West Side de Manhattan, que en las favelas de Sao Paulo o de Río de
Janeiro. Dándose cuenta de la gran
disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las
utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos del
pre-sal, no se le concesionaron directamente a PETROBRAS. Se creó una empresa 100% estatal: PETROSAL y
se instrumentó un mecanismo que llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula,
a elevar de 39% a 48% la participación del Estado en PETROBRAS. Esto es, el gobierno brasileño ha decidido
comprar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de ella, para mitigar la
sangría que a Brasil le ha significado la cesión de la renta petrolera a los
accionistas extranjeros de PETROBRAS.
Pasemos
a otro ejemplo estrella de los privatizadores: STATOIL. El caso noruego es quizá el más alejado de
los esfuerzos privatizadores mexicanos. Antes
de los sesenta, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 se descubrieron grandes
yacimientos, los noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía
a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su
propia tecnología fuera capaz, no sólo de desarrollar sus campos, sino competir
en la industria internacional. Ante la
falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial
no era la producción, sino la transferencia tecnológica. Se asociaron con las grandes trasnacionales,
pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional. Por cada ingeniero de las trasnacionales,
debía haber por lo menos dos de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología
internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las
principales petroleras del mundo. Cuán
diferente de los contratos incentivados mexicanos en donde además de cubrir sus
costos, compartimos las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros
“malinchistas” e ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más
mínima posibilidad de recibir tecnología.
Analicemos
lo que ha pasado en países de nuestro continente. Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones
del Banco Mundial y durante los noventas concesionó la explotación de sus yacimientos
petroleros. Para 2005, y no obstante
que las inversiones de los contratistas
privados había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82% de la
producción de los yacimientos y el estado Boliviano una regalía del 18%. Esta situación se convirtió en
insostenible; en mayo de 2005, Bolivia decidió
implementar un nuevo impuesto directo a los hidrocarburos que, en efecto,
reducía la participación de las petroleras privadas al 50% de la
producción. Estas no lo aceptaron,
llevando al gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año de
2006.
El
caso de Venezuela también resulta de interés.
La ley petrolera de 1975, establecía disposiciones similares a las que
encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos
de riesgo. Únicamente se permitían los
de servicio. Tal como aquí, funcionarios
venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como contratos de servicios lo
que eran en realidad concesiones. Un
artículo de agosto de 2010 del Oxford
EnergyForum, describe los contratos celebrados por estos funcionarios en
los siguientes términos:
Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de
estar estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto
un contrato puro de servicios. Cedieron
el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la
contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de
servicios eran socios senior en el negocio y, en promedio, se llevaban más de
la mitad de la producción. En algunos
casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo
que se producía. Para empeorar las
cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran “proveedores de
servicios”, argüían que la tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía
era la de 34%, aplicable a las personas que no se dedican a la producción de
petróleo, en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de petróleo.
El
pago de más del 50% del valor de la producción a las petroleras internacionales
bajo estos “contratos de servicios”, tampoco pudo ser mantenida en
Venezuela. En abril de 2005, el gobierno
venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas
mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas y que no
estuvo exenta de grandes tensiones internacionales y, en algunos casos, de
costosos litigios ante tribunales arbitrales.
Ecuador
no corrió con mejor suerte. Veamos el
caso de Occidental. A finales de los
90 Ecuador celebró varios contratos de ganancias compartidas en los que los
contratistas asumían todos los costos de la explotación pero recibían el 70% de
la producción. El cambio en escenarios de precios generó un desequilibrio contractual
en el que las ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental
era uno se estos contratistas que, además, había incumplido los términos de su
contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin la autorización del gobierno
ecuatoriano. La Ley de Hidrocarburos le
daba a Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje
internacional. Los árbitros
encontraron que aunque Occidental había
incumplido la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no era justa y condenaron a
Ecuador al pago de una indemnización de más de 1,600 millones de dólares. El litigio se llevó no ante las cortes de
Ecuador sino, tal como los prescriben los tratados internacionales
celebrados durante el Consenso de Washington,
ante el CIADI, órgano establecido -¡oh sorpresa!- por el Banco Mundial.
Finalmente
me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en Kazakhstan, por las
similitudes entre el contrato de este yacimiento y los contratos incentivados
celebrados por PEMEX. Kashagan es el
yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las tres últimas
décadas. Es, incluso, más grande que Cantarell.
El gobierno de Kazakhstan celebró un contrato basado en la recuperación
de costos y en una cuota por barril, tal como los contratos incentivados. El artículo del Oxford EnergyForum, describe en los siguientes términos el
funcionamiento de esta estructura contractual en este yacimiento:
A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de
alineamiento de interese , la experiencia ha demostrado que las
disposiciones contractuales basadas en
recuperación de costos son, a menudo, una receta para el desastre, y eso
es exactamente lo que pasó en Kashagan.
Los costos totales del proyecto se
incrementaron más de 100 mil millones de dólares, y la producción,
originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006, ahora está programada
para el 2012. El resultado neto fue que
en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía
proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan
sólo hubiera recibido un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por
lo menos, la primera década de producción…
Evidentemente,
la situación de Kashagan era insostenible, por lo que el gobierno de Kazakhstan
tuvo que implementar medidas para terminar con el contrato, con las tensiones
internacionales y procesos jurídicos que esto conlleva.
La
experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente y confirma que
México no es el único país en el que el “el diablo” escrituró veneros de
hidrocarburos. De todos los países a los
que nos hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con
las grandes petroleras internacionales fue Noruega, quien entendió que la única
forma de sobrevivir era contando con una industria petrolera propia y
tecnológicamente avanzada.
Es
por esto que mantengo la firme convicción de que una reforma energética es, en
efecto, necesaria. Pero no la que ofrece
el Presidente de la República en sus discursos en el extranjero o como la que
se deriva de los puntos del Pacto por México y que buscan principalmente (i) : Entregar a la inversión privada el
crecimiento de la industria corriente hacia abajo, desde la refinación, y (ii)
permitir, a través de contratos de riesgo, incentivados, de servicios múltiples
y de alianzas, el acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción
y con ello, a una parte sustantiva de la
renta petrolera. La reforma que
yo planteo tiene los siguientes objetivos:
1.- Establecer una estrategia nacional de
energía, integral, que tenga como prioridad la seguridad energética de la
Nación en el largo plazo. Esto significa, entre otras cosas, el uso racional de los recursos naturales no
renovables y la optimización de su uso en función de las necesidades
nacionales, las nuestras, no las de otras naciones. Esto es contradictorio con los intereses del
sector privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el plazo
más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de Estados Unidos,
que se “reserva” sus reservas, presionándonos para elevar nuestra producción y
saciar su sed de hidrocarburos.
2.-.- Fortalecer a PEMEX, restablecer el nivel que
un día tuvo el Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras
capacidades de ingeniería, apoyar al
desarrollo científico y tecnológico del Sector, para podernos sentar a negociar de tú a tú con
todos los jugadores de la industria. Es
falso el argumento de que la tecnología no es accesible si no compartimos la
renta petrolera con quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos
la capacidad para asimilarla y desarrollarla. Pero sobre, todo es nuestro el
petróleo y somos nosotros los que debemos poner las reglas del juego, no
aceptar las que nos imponen.
3.- En lo económico, no tenemos
porqué compartir la renta petrolera, cuyo dueño es la Nación, que mucho la
necesita. No tenemos porqué ofrecer una parte del espléndido negocio que nos
ofreció la naturaleza, y que podemos y debemos manejar solos. Es falso también el
argumento de que no tenemos dinero. Lo
negamos señalando que tenemos los hidrocarburos, para cuya exploración y
explotación razonable existen créditos y mecanismos financieros, habida cuenta
de la alta rentabilidad de los procesos de producción, refinación y venta de
los productos petrolíferos y petroquímicos. Debemos sí, reformar la situación
de Pemex para que, fuera del Presupuesto de la Federación, esté en capacidad
autónoma de gestión y manejo de sus recursos.
4.-En lo ético, hay que limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto
de su Sindicato lastre como de las élites voraces de políticos e industriales
inescrupulosos, que en la corrupción y la connivencia encuentran su modus vivendi y enriquecen
desmedidamente. Trabajar,
a partir de ahora, con honestidad, inteligencia, eficiencia, capacidad
profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo.
Establecer un verdadero sistema de transparencia y
rendición de cuentas, con observadores ciudadanos., y
5.- Respetar a ultranza, el espíritu y la letra de
la Constitución, como exige el estado de Derecho y el verdadero Pacto Nacional,
que ese sí, es por México.
Una
vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con gran virulencia
y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que no hace tanto, sólo por
sus intereses personales, defendían al Sector Energético con la frase
estentórea y vibrante de López Mateos de:
“En el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás”; y que hoy, disfrazados
como salvadores de la República y como “abiertas mentes modernizadoras”,
satanizan, a falta de argumentos, a quienes nos mantenemos con los mismos
principios, calificándonos como trasnochados cobijados en “falsos nacionalismos”, seguramente
considerando que los “nacionalismos verdaderos” son los que ven por las otras
naciones.
Hoy
nos encontramos, y no digo nuevamente, sino otra vez -porque hay un hilo
conductor que no se ha roto desde hace décadas-, nos encontramos, repito, en la
cresta de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras
defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos.
No
debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión privada, sea
extranjera directa o a través de interpósita persona –recuerden la Banca y
recorran la historia de México-, se abre la entrada a los gobiernos imperiales
a los asuntos internos de la Nación, se cede la Soberanía.
Si
no, y para concluir, recordemos en un párrafo, síntesis personal de una parte de
un artículo de Lorenzo Meyer, en el que nos subraya las presiones de las
potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema del Petróleo.
Las tuvimos con
Porfirio Díaz quien hubo de acomodar las leyes para dar “seguridad a la
inversión extranjera” –palabras que hoy se repiten-, para que los
inversionistas fueran dueños de los recursos.
Se actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejerció presión
severa contra Carranza, quien había establecido en el 27 Constitucional la
propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole
reglamentarlo. Las sufrió Obregón con los “Acuerdos de Bucareli”. La sintió
Calles en un nuevo intento de
reglamentar el 27 y la padeció Lázaro Cárdenas que decidió en actitud valiente,
visionaria y soberana, nacionalizar la industria petrolera ante la presión
convertida en arrogancia y prepotencia. La presión continuó con Alemán que
autorizó “contratos de riesgo”, mismos que fueron cancelados por López Mateos.”
Generaciones
anteriores han resistido los embates de las potencias extranjeras en su afán de
quedarse con nuestro petróleo. La
nuestra deberá hacer lo propio para poder decir, con Guadalupe Victoria:
“Gloriaos, mexicanos, de la parte tan considerable y rica que os ha tocado en
los negocios del universo” y para tratar de vencer la fatídica lacra, que Francisco Zarco sentenciaba diciendo: “Hay no
sé qué ritmo trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y
honrados en beneficio de los ineptos y ladrones”.
Porque
si por éstos antes perdimos la mitad del suelo que “nos había tocado en esos
negocios del universo” no podemos ahora aceptarles la amenaza de entregar buena
parte de la riqueza de nuestro subsuelo.
Muchas
gracias,
Javier
Jiménez Espriú
Julio
18 de 2013.